13 de febrero de 2012 • 07:19
Tameme no regresó los recursos bajo la justificación de que el Código de Comercio permitía retener mercancías transportadas, mientras no le pagaran.
13 de febrero de 2012Foto: Reforma
Ciudad de México.- La PGR falló en su intento por conseguir órdenes de aprehensión contra 8 representantes de la empresa de valores Tameme, acusados de no devolver más de 330 millones de pesos de la nómina de Luz y Fuerza del Centro (LFC), recibidos días antes de la extinción de la empresa, en octubre de 2009.
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales devolvió a la PGR el expediente contra los acusados, por estimar que el Ministerio Público federal no reunió ni siquiera los requisitos formales para presentar la imputación.
Se trata de la averiguación previa UEIDFF/FISM15/539/2010, donde la Procuraduría acusó a los implicados por peculado, en una modalidad que castiga a los particulares que "distraigan" de su objeto, para usos propios o ajenos, los recursos públicos federales que les dieron en custodia.
Esta modalidad del ilícito está prevista en el artículo 223, fracción IV, del Código Penal Federal, que establece un castigo de 2 a 14 años de prisión y multa de 300 a 500 veces el salario mínimo, a quien se le acredite plenamente su responsabilidad.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR pidió capturar a Francisco Yee Rubio, Federico Barrera Yee, Fernando Barrera Yee, Agustín Aguilar Barona, Orlando Corona Lara, Jacobo Nazar Bolívar, José Luis Dounce Manjarrez y Fernando de Jesús Ruiz Mandujano.
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales devolvió a la PGR el expediente contra los acusados, por estimar que el Ministerio Público federal no reunió ni siquiera los requisitos formales para presentar la imputación.
Se trata de la averiguación previa UEIDFF/FISM15/539/2010, donde la Procuraduría acusó a los implicados por peculado, en una modalidad que castiga a los particulares que "distraigan" de su objeto, para usos propios o ajenos, los recursos públicos federales que les dieron en custodia.
Esta modalidad del ilícito está prevista en el artículo 223, fracción IV, del Código Penal Federal, que establece un castigo de 2 a 14 años de prisión y multa de 300 a 500 veces el salario mínimo, a quien se le acredite plenamente su responsabilidad.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR pidió capturar a Francisco Yee Rubio, Federico Barrera Yee, Fernando Barrera Yee, Agustín Aguilar Barona, Orlando Corona Lara, Jacobo Nazar Bolívar, José Luis Dounce Manjarrez y Fernando de Jesús Ruiz Mandujano.
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