Pedro Miguel
A
24 meses del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), emitido por Felipe Calderón, los saldos político, institucional, social y económico de la medida resultan un desastre. El régimen se echó encima a decenas de miles de trabajadores, a los cuales se sumaron incontables ciudadanos, inconformes con la manera noctámbula y alevosa del golpe asestado a una empresa de propiedad pública, a una organización sindical histórica y, en general, a los derechos laborales. Ha de agregarse a los descontentos el de numerosos usuarios de energía eléctrica que han venido padeciendo una caída en picada en la calidad del servicio y un alza inversamente proporcional de las tarifas a cobrar.
Sólo por lo que hace a liquidaciones de trabajadores, la extinción de LFC le ha costado al país más de 12 mil millones de pesos, en cifras redondas, pero eso no incluye lo gastado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las inversiones realizadas –otros diez mil millones de pesos– para asumir las tareas de la paraestatal liquidada, cuyos bienes han sido manejados en forma oscura y discrecional. Botón de muestra: el 16 de octubre de 2009, a cinco días de la extinción calderónica, el que escribe presenció y fotografió a una cuadrilla de empleados de Gas Natural que, con máquinas aún marcadas con el logotipo de Luz y Fuerza, hacían obras de mantenimiento en un rumbo de la delegación Tlalpan.
A esos dispendios y presuntas malversaciones hay que agregar las pérdidas –mucho más cuantiosas, presumiblemente– sufridas por sabrá Dios cuántas empresas de todos tamaños y por profesionistas como consecuencia directa o indirecta de los apagones prácticamente cotidianos ocurridos en el Valle de México durante los últimos meses de 2009 y la primera mitad de 2010.
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