John M. Ackerman
L
os analistas y medios de comunicación de siempre empiezan ya a edulcorar y unificar el mensaje de la marcha multitudinaria del próximo domingo 8 de mayo en solidaridad con Javier Sicilia. Con el fin de reducir los daños para Felipe Calderón y su gobierno, las imágenes y reportajes que desde ahora se preparan resaltarán las expresiones de rechazo a los criminales y la corresponsabilidad de la sociedad. El repudio directo al gobierno y su fallida estrategia bélica recibirán un trato marginal, y se buscará relacionar estas expresiones con oscuros
intereses políticoso simplemente descalificarlos como
grupúsculos de resentidos sociales. El objetivo será construir una escenografía para que Calderón salga al día siguiente a
reconocer la gran importanciade la manifestación y por enésima vez se comprometa a
trabajar con la sociedaden la búsqueda de soluciones a la violencia.
El peligro es que se redite la historia de hace tres años en que, a raíz del secuestro y asesinato de Fernando Martí, se firmó en Palacio Nacional el famoso Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que, más allá de haber sido anunciado con bombo y platillo, ha sido completamente inútil e inservible. Desde la firma del acuerdo por todos los gobernadores y secretarios de Estado, así como figuras tan desacreditadas como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, la situación de inseguridad solamente ha empeorado.
La sociedad está cansada de
pactosvacíos y expresiones estériles de
buena voluntadde los gobernantes. Habría que superar la etapa de exigencias generales para elevar de manera directa los costos de aquellos gobernantes que no cumplen con su deber. Los políticos y altos funcionarios solamente cambiarán su comportamiento si empiezan a ver que la sociedad puede castigarlos.
Para que la marcha del domingo tenga un impacto real y un efecto detonador expansivo, los que participaremos en ella estamos obligados a utilizar todos los medios a nuestro alcance para dejar en claro que nuestro reclamo principal es hacia el total fracaso de la clase gobernante, y de Calderón en particular, para asegurar condiciones básicas de paz y seguridad. Un
¡ya basta!a los criminales no serviría absolutamente de nada, ya que los delincuentes no tienen ninguna obligación con nosotros, a diferencia de nuestros gobernantes y representantes, que en teoría están a nuestro servicio.
Asimismo, no podemos ser tan ingenuos como para simplemente exigir a las autoridades que ahora sí cumplan con su deber, sino que habría que exigir la inmediata destitución de todos los altos mandos involucrados en esta guerra criminal tanto a escala federal como en los gobiernos estatales, empezando, por supuesto, con Genaro García Luna, Guillermo Galván y el propio Calderón. Estos funcionarios han estado ya bastante tiempo en el gobierno y han demostrado que son incapaces de asegurar la paz social.
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