U
na cincuentena de empresas privadas, en su mayoría de telecomunicaciones, se han beneficiado con contratos para el usufructo de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De tal forma, los particulares pueden valerse del entramado de la paraestatal –que actualmente tiene una extensión de 34 mil 590 kilómetros y es la segunda más grande del país, después de la de Teléfonos de México– para ofrecer servicios de transmisión de voz, datos e imagen.
La situación reviste aspectos criticables, tanto en la forma como en el fondo. Por principio de cuentas, la entrega de la red de fibra óptica a particulares representa, a lo que puede verse, un pésimo negocio para la paraestatal y, por extensión, para el país: durante 2010, la CFE obtuvo una utilidad neta de poco más de 103 millones de pesos por el usufructo de esa red, un monto que, es de suponer, resulta mucho menor que el obtenido por los operadores que realizan negocios a través del entramado de esa empresa pública.
Es inevitable recordar, por otro lado, los señalamientos realizados en reiteradas ocasiones por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y su entorno social de apoyo, de que la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) obedeció a un designio por privatizar los más de mil 100 kilómetros de redes de fibra óptica operados por esa entidad distribuidora de energía –los cuales, por cierto, pasaron a manos de la propia CFE–, y beneficiar, con ello, intereses empresariales cercanos al poder político. Es significativo, al respecto, el hecho de que en la última revisión de contrato colectivo de LFC, en marzo de 2009, el SME había logrado que la administración de ese organismo público gestionara una concesión para operar por sí mismo la capacidad excedente de su entramado de fibra óptica en el terreno de las telecomunicaciones, habida cuenta de que contaba con los recursos humanos y tecnológicos para tal efecto. Sin embargo, la respuesta del gobierno federal a esa solicitud nunca llegó, y meses después, en octubre de ese año, LFC fue liquidada por decreto presidencial.
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